La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU) resolvió declararse en conflicto en todo el país para reclamar al gobierno la creación de 147 nuevos cargos, una partida de vivienda para el personal y la descentralización de la Defensoría Pública.
Según explican, la sobrecarga de trabajo es insostenible y afecta directamente el acceso a la justicia de la población más vulnerable.
En el departamento de Artigas la situación es especialmente crítica. Las doctoras Jennifer Tavarez y Katia Paz detallaron que solo cinco abogadas deben atender más de 2.000 personas cada una, lo que implica una cantidad de expedientes y audiencias que supera ampliamente lo recomendable.
Además, las defensoras de Artigas también representan a las personas privadas de libertad de Bella Unión, ya que en la zona oeste del departamento no hay centros carcelarios y los reclusos son trasladados a la capital departamental.
Este escenario incrementa los traslados, audiencias y diligencias, sumando horas de trabajo y complejidad a su tarea cotidiana.
Desde ADEPU advierten que, de no tomarse medidas urgentes, se pone en riesgo el derecho de defensa de miles de ciudadanos que dependen del servicio público de asistencia jurídica.

 

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