La fiscal del caso, Dra. Beatriz González, confirmó este domingo la formalización de dos mujeres, ambas enfermeras, en el marco de una investigación por presunta apropiación de niñas, niños y adolescentes. Los delitos imputados incluyen estratagemas para evadir el procedimiento de adopción, según lo establecido en el artículo 280 del Código Penal uruguayo, y en un principio, también se solicitó la imputación por asociación para delinquir.
La formalización se concretó luego de una extensa audiencia en la que la Fiscalía presentó diversas evidencias. Sin embargo, las defensas se opusieron, y si bien la jueza Dra. Oliveira resolvió mantener la formalización por el delito vinculado a la adopción irregular, rechazó la imputación por asociación para delinquir, decisión que la Fiscalía apeló parcialmente.
Una tercera persona —también abogada e hija de una de las imputadas— no fue formalizada en esta instancia. La fiscal González explicó que durante la investigación surgieron conversaciones que hacen presumir una posible implicación de la defensora de esa abogada, lo cual generó una situación de posible incompatibilidad.
Por esa razón, y en aplicación del artículo 74 del Código del Proceso Penal, se ordenó que esa defensora se abstenga de intervenir, y se suspendió la audiencia para que la imputada designe una nueva defensa. Una nueva solicitud de formalización será presentada en los próximos días, según adelantó la fiscal.
Medidas cautelares
A las dos imputadas se les impusieron medidas cautelares:
• Prohibición de salir del país (se ofició a Migraciones)
• Fijación de domicilio
• Prohibición de contacto con la víctima y sus familiares, por 120 días y en un radio de 300 metros
• Dispositivo de geolocalización para una de ellas, quien tiene doble nacionalidad
• La otra imputada deberá presentarse semanalmente en la seccional
DEFENSA: “NO ESTAMOS ANTE UN DELITO DE TRATA”
La abogada defensora de dos de las imputadas, Dra. MiredI Bizcarra, dialogó también con la prensa y aclaró que no se trata de un caso de trata de personas, como se insinuó inicialmente.
“No hay médicos indagados, no hay una maniobra organizada. Lo que se imputa es haber evadido el procedimiento legal de adopción del INAU mediante engaños o estratagemas”, indicó Bizcarra.
La defensora detalló que la Fiscalía solicitó la formalización por los delitos de asociación para delinquir y violación del artículo 282, que refiere a acciones tendientes a evadir los mecanismos legales de adopción. La jueza solo dio lugar a este último, y la defensa sostiene que las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes para llegar a una condena.
“Las pruebas se basan en transcripciones de llamadas telefónicas, la declaración de una víctima y algunos informes del INAU. No se ha probado la participación de mis clientas en ningún delito grave”, agregó Bizcarra.
Sobre la incautación del celular de la abogada no formalizada, Bizcarra denunció que no existía una orden judicial específica para ello, y se opuso a la medida invocando el secreto profesional. Esa situación, junto con la posible implicancia de otra colega, motivó la suspensión de la audiencia y la necesidad de designar nueva defensa.
Finalmente, la letrada insistió en que sus defendidas gozan de la presunción de inocencia, y que hasta ahora no se han presentado pruebas firmes respecto a otras posibles víctimas. “Se mencionan otras madres, pero no hay datos concretos. Incluso, no se han identificado claramente los menores ni a las madres implicadas”, concluyó.
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